INVESTIGACIÓN

Núm. 9 julio-diciembre de 2015

Afectaciones a los derechos de la infancia por las políticas de drogas en México

Francisco Javier Conde González,^* Domitille Marie Delaplace^**
y Lilia Mónica Rebollo López^***
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
Distrito Federal, México.
javier.conde@cdhdf.org.mx
domitille.delaplace@cdhdf.org.mx
lilia.rebollo@cdhdf.org.mx

Sumario

I. Introducción; II. Políticas de drogas e infancia: diagnóstico de una intervención fallida; III. Drogas y el corpus iuris internacional sobre derechos de la infancia; IV. Marco jurídico y medidas de políticas públicas en México: avances y retos para la protección de los derechos de la infancia; V. Consideraciones finales: hacia una política pública con enfoque en los derechos de la infancia; VI. Bibliografía.

I. Introducción

“Para que las drogas no lleguen a tus hijos” fue el lema con el cual el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa emprendió en diciembre de 2006 una ofensiva militar contra la delincuencia organizada, particularmente contra los cárteles de drogas en México, radicalizando las políticas prohibicionistas y exacerbando la militarización y la violencia como respuesta al problema de las drogas en nuestro país¹ y con ello vulnerando los derechos de la población en general y sensiblemente los de niñas, niños y adolescentes.

Esta política prohibicionista no es exclusiva de México sino que se comparte en América Latina, y con mayor énfasis en la región centroamericana, con efectos muy semejantes a los que se señalarán en el ámbito nacional. Varias voces, incluso desde la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han resaltado los efectos negativos o no intencionados de la política prohibicionista, particularmente en relación con la vulneración a los derechos humanos de las personas usuarias y de la población en general.²

En los últimos meses y años el debate acerca de las políticas de drogas y sus impactos ha cobrado fuerza tanto a nivel nacional como internacional. Muestra de ello es la realización de dos audiencias públicas sobre política de drogas y derechos humanos en el continente americano, celebradas en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de marzo de 2014 y el 20 de octubre de 2015³ y en el marco de las cuales se ha evidenciado la necesidad de revisar el enfoque de las políticas vigentes, subrayando como objetivos centrales la protección a los derechos humanos y la reducción de la violencia.⁴ El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó el 28 de octubre de 2015 una ponencia sobre el uso de la cannabis que fue discutida en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dio como resultado un amparo a cuatro personas para su cultivo, distribución y consumo personal. Derivado de lo anterior seguro se volverá a hacer presente el debate a nivel nacional.

En este sentido, el presente artículo pretende aportar a la discusión, y particularmente desde la perspectiva de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, proporcionando elementos de diagnóstico así como reflexionando acerca de las obligaciones del Estado mexicano frente a este grupo de población en situación de vulnerabilidad, ello a partir de una revisión de las recomendaciones y Observaciones Generales (OG) que el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) ha emitido en la materia.

II. Políticas de drogas e infancia: diagnóstico de una intervención fallida

El Estado mexicano está comprometido con la implementación de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, siendo la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicos la última en haber sido celebrada al respecto a nivel internacional en 1988.⁵ En términos generales tales instrumentos pretenden limitar el uso de estupefacientes a fines médicos y científicos, y fortalecer las medidas de cooperación internacional en materia de control de drogas. Asimismo, exhortan a los Estados a tipificar como delitos todos los aspectos de la producción y tráfico de drogas, incluso la posesión, adquisición y cultivo para consumo personal.⁶

En México, este paradigma punitivo ha traído consecuencias en dos aspectos. Por un lado, ha detonado políticas de combate frontal al tráfico de drogas que han marcado una ola de violencia en el país; se estima, por ejemplo, que entre 2006 y 2012 más de 60 mil personas murieron y 150 mil fueron desplazadas a causa de la violencia asociada con el tráfico ilegal de drogas.⁷ Por otro lado, se ha criminalizado el uso de drogas, lo cual ha impedido la posibilidad de un debate público serio y libre de prejuicios que resulte en el diseño y la aplicación de políticas públicas integrales de prevención y atención a la salud.

Ambos aspectos tienen relevancia al abordar la situación particular en la que se encuentran las niñas, los niños y las y los adolescentes. En primer lugar, porque este grupo de población ha sido afectado directamente por esa ola de violencia. Diversos estudios recientes de organizaciones de la sociedad civil⁸ y de organismos internacionales han cuestionado esas estrategias por las políticas y prácticas extremas que sustentan, las cuales comúnmente redundan en afectaciones a los derechos humanos, en particular de grupos específicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las niñas, los niños y las y los adolescentes. Por ejemplo, el crc ha expresado su preocupación por la participación de niños en escuelas militares donde son utilizados en operaciones de combate al narcotráfico en México, especialmente en labores de búsqueda y destrucción de drogas ilegales;⁹ asimismo, ha alertado respecto de la situación de niñas y niños que son cooptados y obligados a trabajar en la cosecha, producción y/o transporte de estas sustancias.¹⁰

Para dimensionar el impacto de esta respuesta punitiva en México se considera pertinente dar a conocer datos en relación con tres indicadores que podrían estar directamente asociados a dichas políticas: la detención de personas menores de 18 años de edad acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada; el fenómeno migratorio de niñas, niños y adolescentes; y finalmente, la tasa de homicidios entre la población adolescente.

Con base en datos de la Procuraduría General de la República, entre 2006 y agosto de 2015 fueron detenidas siete mil personas menores de 18 años de edad acusadas de delitos asociados con el crimen organizado. De ellas, 90% fue detenido entre 2006 y 2012, durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, periodo en el cual el promedio anual de capturas fue de 921, mientras que entre 2013 y 2014 éste descendió a 288 detenciones.¹¹ Es decir que en el periodo en que se radicalizó la respuesta militar y punitiva contra los cárteles de las drogas la detención de personas adolescentes fue mayor.

El problema de la pobreza junto con la grave crisis de seguridad que se vive en la región centroamericana, asociada a la estrategia de combate a la delincuencia organizada y a los cárteles de la droga, han sido factores clave para explicar la creciente migración de niñas, niños y adolescentes. Según el informe La infancia cuenta en México 2014, en el periodo 2010-2011 el Instituto Nacional de Migración detuvo en promedio a cuatro mil niñas, niños y adolescentes por año, mientras que a partir de 2012 comenzó una tendencia a la alza hasta alcanzar en 2013 la cifra récord de 9 893 de detenciones. Aproximadamente 80% de esta población estaba representado por adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, en su mayoría no acompañados. Estos niños, niñas y adolescentes están expuestos a diferentes violaciones a sus derechos a lo largo de las rutas que transitan; lamentablemente, el gobierno sólo se ha enfocado en políticas públicas de detención y deportación.¹²

Otro dato relevante que arroja el informe es que la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años de edad en México se ha ido incrementando de manera significativa en los últimos años. En 2000 dicha tasa era de 3.1 homicidios por cada cien mil habitantes; en 2006 se elevó a 6.5, y en 2012 alcanzó la cifra de 16.3.¹³

Un aspecto que se debe considerar en relación con las políticas prohibicionistas es su impacto en las medidas de atención y prevención del uso de drogas. En México, por ejemplo, el enfoque prohibicionista que promueve la Ley General de Salud¹⁴ ha dificultado que se abra un debate público objetivo sobre el tema y que se lleve a cabo el diseño y la aplicación de políticas públicas de prevención, reducción del daño y atención a personas con uso problemático de sustancias desde la perspectiva de la protección a los derechos humanos; ello en detrimento de la adopción de un enfoque integral que permita prevenir el consumo y atender a quienes viven con un uso problemático de sustancias, como podrían ser las niñas, los niños y las y los adolescentes.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud ha señalado en este sentido que el modelo actual de fiscalización aumenta los daños asociados al uso de drogas e incluso perpetúa métodos riesgosos de uso, en particular porque propicia prácticas de consumo en la clandestinidad y disuade a las personas usuarias de acudir a los servicios de salud debido a la amenaza de ser discriminadas o denunciadas por el personal de salud.¹⁵ Asimismo, este contexto ha impedido la generación de información amplia y veraz sobre las sustancias psicoactivas, los distintos usos que se hacen de ellas, y la posibilidad de poner en marcha políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.

Lo anterior tiene consecuencias en la situación de las y los niños y adolescentes, cuyo acercamiento a dichas sustancias psicoactivas se está incrementando en un contexto en que las medidas gubernamentales no han logrado prevenir el consumo ni contrarrestar el continuo descenso en la edad de inicio. En el Informe anual de gestión 2014 del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) se detalló que en el Distrito Federal el uso de la marihuana en adolescentes aumentó de 4 a 6.6%, el de metanfetaminas de 0.7 a 1.3%, y el de cocaína de 0.8 a 1.1%. Se comentó que dicho aumento se debe, entre otras cosas, a la mayor disponibilidad de sustancias y al clima de violencia social que se vive en el país.¹⁶ En el inicio precoz del consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes suelen utilizarse sustancias como el tabaco, el alcohol, los inhalantes o la marihuana, lo que constituye un factor de riesgo importante hacia el consumo de otras drogas de mayor peligrosidad durante la adolescencia.¹⁷

La condición de vulnerabilidad a la que están expuestos las niñas, los niños y las y los adolescentes aumenta por la estigmatización, y pone en riesgo su acceso a los servicios de atención. Lo anterior es una situación generalizada en países latinoamericanos como Perú. En este caso el CRC ha señalado la constante discriminación de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes usuarios de drogas cuando acceden a los servicios de atención médica.¹⁸ Al respecto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha advertido que “en la medida que el consumo de drogas está penalizado o estigmatizado, las poblaciones más vulnerables al consumo problemático, como las niñas, niños y adolescentes, se ven inhibidas de recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y, en general, a los programas de prevención y tratamiento”.¹⁹ Este tipo de diagnóstico es válido también para Colombia, en donde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha observado las limitaciones de una política que se ha focalizado en atacar la demanda de estupefacientes mediante la penalización del consumo, en detrimento de políticas de prevención y atención más eficaces.²⁰

De la misma forma, la Recomendación 20/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) evidenció violaciones a los derechos humanos en agravio de adolescentes y jóvenes durante operativos ejecutados por autoridades del Distrito Federal con motivo de una fiesta clandestina. En dicho instrumento se demostró el incumplimiento de la autoridad a su obligación de garantizar la protección integral a las niñas, los niños y las y los adolescentes, pues en este caso convenía que la autoridad les brindara atención especializada en materia psicológica y les canalizara para que recibieran orientación y cuidados en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, fueron criminalizados mediáticamente, colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad al estigmatizarlos como personas adictas al alcohol y drogas e incluso como miembros de la delincuencia organizada. Al respecto, la CDHDF reiteró su postura y rechazo a la decisión de las autoridades de utilizar el aparato institucional y la fuerza punitiva del Estado para atender el uso de drogas en niñas, niños y adolescentes.²¹

III. Drogas y el corpus iuris internacional sobre derechos de la infancia

Los impactos de las políticas de drogas en los derechos humanos de las niñas, los niños y las y los adolescentes han sido abordados en diversas ocasiones por el CRC, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes, y emite Observaciones Generales que constituyen la interpretación de los derechos que figuran entre los artículos y las disposiciones de esa Convención.

El CRC ha emitido 17 og en las que continúa el ejercicio interpretativo de la Convención de manera permanente. En dicha Convención y nueve OG se identificaron disposiciones relacionadas con el tema de las drogas desde el enfoque de los derechos de la infancia. La og que reúne mayor cantidad de referencias sobre el tema es la número 15, en la cual se desarrolla el derecho del niño y la niña al disfrute del más alto nivel posible de salud. A continuación se presenta un ejercicio de sistematización de estas disposiciones:

Cuadro 1. El tema de drogas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las Observaciones Generales del CRC²²

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de los instrumentos internacionales mencionados y consultados en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Comité de los Derechos del Niño”, disponible en <http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

En el cuadro presentado se identificaron dos tipos de consideraciones: por un lado, las preocupaciones que externa el CRC frente al uso y tráfico de drogas y los derechos de la infancia; y por el otro, se recalcan algunas de las obligaciones de los Estados Parte en la materia. De las observaciones derivan 11 consideraciones y se identifican 18 obligaciones del Estado. 

Las preocupaciones del CRC en torno a las políticas de drogas y sus impactos en el ejercicio de los derechos de la infancia son principalmente las siguientes:

• El consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes les coloca en una situación de vulnerabilidad que se traduce en mayores riesgos de contraer vih/sida o de sufrir una discapacidad; tiene impacto severo en su salud mental y se advierte como una forma de autolesión y de violencia con efectos perjudiciales en su salud y desarrollo.
• El uso problemático de las drogas por parte de cuidadores (madres, padres, tutores, etc.) o parejas sentimentales causa afectación a los derechos de la infancia y la adolescencia. Debido a lo anterior, se advierten violencia, descuido y trato negligente hacia niñas, niños y adolescentes, lo cual se manifiesta especialmente en comunidades con contextos socioeconómicos urbanos bajos donde se pueden conseguir fácilmente drogas y en espacios públicos con altos niveles de violencia y delincuencia.

A la par de dichas consideraciones, el CRC precisa las obligaciones de los Estados hacia este grupo etario, proponiendo una serie de políticas públicas de distinta índole tendientes tanto a proteger apropiadamente a las personas menores de edad contra el uso de drogas como a prohibir que participen en su producción y tráfico ilícito. Al respecto, se enuncian con cierta recurrencia las siguientes medidas:

• Brindar especial protección y servicios de salud a niñas, niños y adolescentes especialmente vulnerables al consumo indebido de sustancias psicoactivas. Entre las situaciones de vulnerabilidad se señalan:

a) Que los miembros de sus familias consuman drogas o estén en contacto con ellas.

b) Que tengan el riesgo de iniciarse tempranamente en el abuso de sustancias.

• Reglamentar o prohibir la información y comercialización de sustancias psicoactivas cuando éstas vayan dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
• Garantizar el acceso de las y los adolescentes a la información sobre las consecuencias del uso y abuso de sustancias y la educación sobre su salud.
• Implementar medidas de política social encaminadas a reducir la demanda y disponibilidad de drogas.
• Adoptar un enfoque basado en derechos frente al consumo de sustancias.
• Implementar estrategias de reducción del daño.
• Desarrollar intervenciones sobre el buen ejercicio de la paternidad y la maternidad.
• Abstenerse de anunciar y comercializar sustancias tóxicas entre niñas y niños.
• Adoptar medidas para proteger la participación de niñas y niños en la producción y tráfico ilícito de drogas, a partir de diagnósticos integrales.

IV. Marco jurídico y medidas de políticas públicas en México: avances y retos para la protección de los derechos de la infancia

En concordancia con lo ocurrido a nivel internacional, en México el marco jurídico relativo a la protección de los derechos de la infancia resulta bastante amplio. La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,²³ publicada el 4 de diciembre de 2014, aborda el tema de las drogas desde un enfoque centrado en los derechos a la salud y a la educación, con un carácter preventivo.

En el capítulo noveno de esta ley, titulado “Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social”, queda establecido en el artículo 50 que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a recibir prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad; y en la fracción xv mandata a las autoridades de todos los niveles para coordinarse con el fin de establecer las medidas tendientes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública provocados por las adicciones. Por su parte, en el capítulo décimo primero, titulado “Del derecho a la educación”, se plasma la obligación de las autoridades de todos los niveles de garantizar la consecución de una educación de calidad; y en el artículo 57, fracción vi, se establece el deber de prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y la ejecución de programas.

A nivel local, la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal²⁴ ofrece cierta protección al prever el desarrollo de estrategias diferenciadas para atender aquellas necesidades específicas de ciertos grupos en situación de particular vulnerabilidad frente al uso de drogas, como lo son las niñas, los niños y las y los adolescentes.²⁵ En consecuencia, se prohíbe la venta de drogas a personas menores a 18 años de edad²⁶ y se desarrollan estrategias que aseguren su permanencia en el sistema educativo con el fin de promover el mejoramiento de sus condiciones de vida, la creatividad y el conocimiento.²⁷ En especial, el artículo 47, fracción vi, aborda la importancia de promover la integración comunitaria de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo para prevenir y protegerlos de la violencia, el delito, el consumo de sustancias psicoactivas, y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.²⁸

Además, en diversas fracciones de dicho artículo se establece el derecho a la educación y la importancia de impulsar proyectos diseñados y desarrollados por niñas, niños y adolescentes que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de su entorno. Asimismo, se plantea ofrecer capacitación para el trabajo, cultura, deporte, recreación, servicios institucionales y prácticas comunitarias con el fin de que mejoren sus condiciones de vida y ejerzan sus derechos de manera plena, a partir de un enfoque preventivo y con irrestricto respeto a los derechos humanos.²⁹

En relación con las medidas y estrategias gubernamentales promovidas a nivel nacional, resulta ilustrativo retomar las observaciones que el propio crc ha dirigido al Estado mexicano en el marco de sus procesos de comparecencia. Por ejemplo, en 2006 este órgano expresó su preocupación por el uso indebido de drogas y alcohol por parte de niñas, niños y adolescentes, y recomendó la adopción de las siguientes medidas:³⁰

• Proporcionar a niñas, niños y adolescentes información precisa y objetiva sobre las consecuencias perjudiciales del uso problemático de drogas y alcohol.
• Atender a niñas, niños y adolescentes afectados por el uso problemático de drogas como víctimas, y ofrecerles servicios de fácil acceso para su tratamiento e inclusión social.
• Formular un plan de acción basado en los derechos humanos para proteger a niñas, niños y adolescentes contra el uso problemático de drogas, y alentar la participación de éstos en su formulación y aplicación.

Esa problemática se abordó nuevamente en el marco del 69 periodo de sesiones del crc, llevado a cabo del 18 de mayo al 5 de junio de 2015. En dicha ocasión el Estado mexicano enfatizó que el Programa de Prevención y Atención de las Adicciones y el Programa de Prevención de Adicciones y Violencia, dirigidos a la población adolescente de 12 a 19 años de edad, se concentraban en acciones preventivas y de tratamiento de adicciones y buscaban favorecer el desarrollo de adolescentes activos, responsables, seguros y asertivos, al promover estilos de vida saludables. Asimismo, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) estableció que las principales acciones de prevención del país se habían dirigido a la población adolescente con el objetivo de protegerla del consumo de drogas.³¹

No obstante estos avances, en sus Observaciones Finales al Estado mexicano el CRC externó su preocupación por el aumento del uso de sustancias psicoactivas por parte de las y los adolescentes desde los 12 años de edad. En consecuencia, recomendó al Estado redoblar esfuerzos, en particular para evaluar los patrones de consumo de drogas entre las y los adolescentes y fortalecer los programas existentes con el fin de prevenir y ayudar a aquellos que consumen drogas. Se enfatizó que esos programas debían proporcionar información precisa y objetiva, así como brindar educación en habilidades para la vida sobre la prevención del abuso de sustancias y desarrollar servicios de tratamiento y reducción de daños accesibles y amigables para las y los adolescentes.

Asimismo, el crc expresó una seria preocupación por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra la delincuencia organizada que ha provocado numerosos asesinatos de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, instó al Estado mexicano a:³²

• Tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y la desaparición de niñas y niños, así como de sus madres y padres.
• Realizar un análisis de las causas de raíz de estos actos violentos como son la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la desigualdad económica.
• Asegurar que las personas menores a 18 años de edad que estudian en escuelas militares no participen en la lucha contra el tráfico de drogas.

V. Consideraciones finales: hacia una política pública con enfoque en los derechos de la infancia

Durante los últimos meses y años hemos sido testigos de la forma en que se ha intensificado de manera muy importante el debate nacional y regional sobre las políticas que deben implementar los Estados respecto del tema de las drogas, poniendo en tela de juicio la efectividad de las políticas prohibicionistas después de casi 10 años en los cuales se ha radicalizado la respuesta punitiva ante la producción, tráfico, distribución, comercialización y consumo de drogas.

En este contexto resulta de suma importancia impulsar una debida planeación y la formulación de nuevas políticas públicas que modifiquen de manera sustancial los resultados que se han obtenido luego de una década en la que se ha instrumentado una estrategia que resulta fallida frente a los siguientes resultados: expansión de la violencia, corrupción de autoridades, consolidación de los mercados ilícitos de drogas, desplazamientos forzados, afectación a las garantías judiciales, detenciones masivas, hacinamiento carcelario y ejecuciones extrajudiciales; aunados al crecimiento del consumo y la disminución de la edad de inicio. Estas consecuencias evidencian la vulneración a los derechos humanos de la población en general, y específicamente a los derechos de la infancia.

Ante el fracaso del prohibicionismo los nuevos enfoques han de atender en primera instancia la garantía de los derechos humanos, la salud pública, las libertades individuales, y los aspectos económicos y culturales a partir de modelos de desarrollo humano inclusivos. Estudios como el Informe especial. Drogas y derechos humanos en la ciudad de México 2012-2013, publicado por la CDHDF, siguen abriendo el diálogo en este sentido.

Las nuevas políticas públicas de drogas dirigidas a la población infantil tendrían que poner en el centro los derechos de la infancia para la prevención y atención integral del consumo problemático de drogas entre niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que partan de diagnósticos integrales que tomen en consideración las dimensiones económicas, políticas, culturales y de salud; la asistencia social; la procuración e impartición de justicia en todos los asuntos relacionados con el fenómeno de la producción, comercialización y consumo de drogas; y para desencadenar estrategias y proyectos participativos que prioricen la reducción del daño y la reconstrucción del tejido social.

En la región latinoamericana se están comenzando a generar experiencias que proponen un viraje de las políticas públicas punitivas a otras que impulsen la regulación y el control de los mercados hasta ahora ilegales.³³ Al retomar las medidas concretas y posibles que se proponen a los Estados para reducir el impacto negativo de las políticas prohibicionistas de drogas se destacan las siguientes:³⁴

• Garantizar el interés superior de la infancia en todas las acciones emprendidas.
• Explorar respuestas no punitivas tales como la regulación de los mercados.
• Desarrollar políticas de salud con una perspectiva de derechos humanos en sus fases preventiva, de atención y de rehabilitación.
• Desarrollar alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.
• Descriminalizar el consumo de sustancias psicoactivas.
• Intensificar las oportunidades y el acceso a los servicios culturales para niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades de alta marginalidad.

En resumen, la actuación del Estado en relación con las políticas de drogas que atiendan el enfoque de derechos de la infancia ha de priorizar el diseño, el desarrollo y la evaluación de políticas públicas participativas, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, a través de las cuales se desarrollen modelos de intervención integrales y capaces de generar recursos que les permitan alternativas de vida digna.

^*    Doctor y maestro en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha sido relator por los Derechos de la Infancia y Juventud, y actualmente es director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH).
^**   Licenciada en Economía y Sociología por la Universidad París X Nanterre, y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, de París, Francia. Desde finales de 2007 trabaja en la CDHDF; colaboró en la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, encabezando procesos de investigación aplicada y la elaboración de informes, libros, artículos y propuestas sobre temas estratégicos de la agenda de derechos humanos. Actualmente se desempeña como Directora de Información e Investigación de la CDHDF.
^***  Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tesista de la especialidad en Derecho Internacional por dicha institución. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el CIADH de la CDHDF.

VI. Bibliografía

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____, Recomendación 20/2012, disponible en <http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/reco_1220.pdf>, página consultada el 20 de octubre de 2015.

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____, Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención. Observaciones finales. Colombia, CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006.

____, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Observaciones finales: México, CRC/C/OPAC/MEX/CO/1, 7 de abril de 2011.

____, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales. México, CRC/C/MEX/CO/3, 8 de junio de 2006, disponible en <http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_crc_mexico.pdf>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

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NOTAS

¹      Centro de Estudios Legales y Sociales, El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia en el continente americano, Buenos Aires, CELS, 2015, p. 10.

²     Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe mundial sobre las drogas, Nueva York, UNODC, 2009, p. 19. Véanse también Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe especial. Drogas y derechos humanos en la ciudad de México 2012-2013, México, CDHDF, 2014; Amnistía Internacional, Informe 2013 Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo, Madrid, Edai, 2013; Human Rights Watch, Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, Nueva York, HRW, 2013; y Human Rights Watch, Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, Nueva York, hrw, 2011.

³  El audio de esta audiencia puede ser consultado en <https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=134>; véase también <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf>, ambas páginas consultadas el 20 de octubre de 2015.

⁴      Organización de los Estados Americanos, “Informe sobre el 150 periodo de sesiones de la CIDH”, 13 de mayo de 2014, disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/035A.asp>, página consultada el 20 de octubre de 2015.

⁵      Para un recuento histórico de las convenciones internacionales y de la conformación del sistema internacional de fiscalización de drogas véase Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., pp. 45-56.

⁶      Ibidem, p. 53.

⁷      Amnistía Internacional, op. cit., p. 228.

⁸      Véanse en particular Centro de Estudios Legales y Sociales, op. cit., p. 68; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México, México, CMDPDH, s. f., p. 11. En particular, se ha documentado que dichas políticas implican la militarización de la seguridad pública; violencia creciente; debilitamiento del debido proceso y detenciones masivas; castigos desproporcionados; encarcelamiento masivo y condiciones inhumanas de detención; ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura; campañas de erradicación forzada de cultivos, y desplazamiento interno forzado, entre otros.

⁹      Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Observaciones finales: México, CRC/C/OPAC/MEX/CO/1, 7 de abril de 2011, párrs. 17 y 18.

¹⁰   Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención. Observaciones finales. Colombia, CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006, párrs. 88 y 89.

¹¹    Julio Ramírez, “Los niños del narco”, en Reporte Índigo, México, 14 de septiembre de 2015, disponible en <http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-ninios-del-narco>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

¹²    Red por los Derechos de la Infancia en México, La infancia cuenta en México 2014, México, Redim, 2014, p. 28, disponible en <http://derechosinfancia.org.mx/documentos/ICM_Digital.pdf>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

¹³    Ibidem, pp. 94 y 95.

¹⁴    La Ley General de Salud limita el consumo personal por parte de personas adultas a ciertas cantidades sumamente restrictivas, lo que implica que quien sea detenido con cantidades superiores a las establecidas en esta normatividad entrará en conflicto con el sistema penal. Véanse Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 53; y “Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato”, en Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984; última reforma publicada el 14 de octubre de 2015, artículo 479.

¹⁵    Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 155.

¹⁶    Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México, IAPA, 2014, p. 3.

¹⁷    Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Estándares internacionales de la prevención del uso de drogas (marzo, 2013), México, IAPA (serie Materiales para la reflexión sobre políticas públicas en materia de adicciones, núm. 8), 2013, disponible en <http://www.iapa.df.gob.mx/work/sites/iapad/resources/PDFContent/1619/No%208_Estandares_Internacionales_Prevencion_ONUDD_2013-1.pdf>, página consultada el 16 de agosto de 2015.

¹⁸    Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 60.

¹⁹    Idem.

²⁰    Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 59.

²¹    Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 20/2012, disponible en <http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/reco_1220.pdf>, página consultada el 20 de octubre de 2015; y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., pp. 102 y 103.

²² Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Comité de los Derechos del Niño”, disponible en <http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

²³   Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

²⁴    Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2010; última reforma publicada el 18 de diciembre de 2012, disponible en <http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/pdf/SIBDSI/LeyConsumoSustancias.pdf>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

²⁵    Idem.

²⁶    Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, artículo 10.

²⁷    Ibidem, artículo 47, fracciones I-XIX.

²⁸    Ibidem, artículo 47, fracción VI.

²⁹    Ibidem, artículo 47.

³⁰    Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales. México, CRC/C/MEX/CO/3, 8 de junio de 2006, pp. 16 y 17, disponible en <http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_crc_mexico.pdf>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

³¹    Comisión Nacional contra las Adicciones, Programa de Acción Específico. Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Actualización 2011-2012, México, Conadic, 2011, disponible en <http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Mexico_CRC_2015_en.pdf>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

³²    Comité de los Derechos del Niño, Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Mexico, CRC/C/MEX/CO/4-5, 8 de junio de 2015, disponible en <http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Mexico_CRC_2015_en.pdf>, página consultada el 6 de octubre de 2015.

³³    Ibidem, p. 62.

³⁴    Ibidem, p. 63.