
INVESTIGACIÓN
Núm. 30 enero-junio de 2026
Josué Sauri García*
Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México, México.josauri@gmail.com
Recibido: 26 de septiembre de 2025.
Aceptado: 27 de noviembre de 2025.
Resumen
En 1997, el otrora Instituto Federal Electoral realizó la primera Consulta Infantil y Juvenil (CIJ), un ejercicio simple mediante el cual, por primera vez en México, se invitaba a niñas, niños y adolescentes a participar en el marco del proceso electoral al ofrecerles una boleta que presentaba nueve derechos y pedirles que marcaran el que consideraran más relevante. Tras 27 años de ese primer ejercicio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha mantenido el levantamiento de la consulta en cada año electoral, incrementando el número de niñas, niños y adolescentes que participan, con un total de 10.7 millones en 2024. No obstante, los resultados de la consulta carecen de una aplicación práctica y si bien el INE publica varios reportes para destacar los principales hallazgos a nivel estatal y nacional, poco se hace con esa información. A partir de ello, el presente artículo analiza los datos generados por la CIJ y como resultado se destaca la necesidad de que las variables se homologuen cada año para que los resultados se puedan comparar en el tiempo y den cuenta de la percepción de niñas, niños y adolescentes sobre las condiciones de sus derechos. Además, se aporta un estudio de los resultados que se pueden comparar sobre el ejercicio de derechos en ciertos contextos de vulnerabilidad.
Palabras clave: Derechos; infancia; adolescentes; participación; consulta. Abstract
In 1997, the former Federal Electoral Institute conducted the first Children and Youth Consultation (CIJ), a simple exercise through which, for the first time in Mexico, children were invited to participate in the electoral process using a ballot presenting nine rights from which they were asked to mark the one they considered most relevant. Twentyseven years after the first exercise, the now National Electoral Institute (INE) has continued to perform the consultation every election year, increasing the number of children and adolescents participating, with a total of 10.7 million in 2024. However, the results of the consultation lack practical application. Although the INE prepares several reports to highlight the main findings at the state and national levels, little is done with that information. Therefore, this article analyzes the data generated by the CIJ and, as a result, highlights the need for the variables to be standardized each year so that the results can be compared over time and account for the perception of children and adolescents regarding the conditions of their rights. In addition, a study of the results that can be compared regarding the exercise of rights in certain contexts of vulnerability is provided.
Keywords: Rights; children; adolescents; participation; consultation.
Sumario I. Introducción; II. Breve marco conceptual para hablar de datos y derechos de la infancia y adolescencia; III. La consulta infantil y juvenil a través de los años; IV. La necesidad de homologar las variables de la CIJ; V. Conclusiones; VI. Referencias. I. Introducción
Desde la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, uno de los retos más difíciles ha sido recopilar las opiniones y voces de las niñas, los niños y adolescentes para identificar y comprender las problemáticas sociales que les preocupan. Debido a la construcción social que se ha formulado de la infancia y adolescencia como una etapa de vida temporal cuyo único objetivo es aprender las herramientas necesarias para adaptase a una vida adulta, poco se hace para atender las preocupaciones de las niñas, los niños y adolescentes que todo el tiempo, durante la historia de la humanidad, han estado presentes.
Si bien existen esfuerzos para remover la perspectiva adultocentrista de la infancia y adolescencia, por ejemplo a través del Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia,1 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sigue esperando que las infancias y adolescencias se adapten a las reglas impuestas —algunas de siglos anteriores— para lograr ser productivas en la sociedad.2 En tal sentido, el grueso de las investigaciones sociales sobre la infancia y adolescencia suele enfocarse en las necesidades de niñas, niños y adolescentes para que logren alcanzar la vida productiva que se espera de ellos cuando lleguen a la edad adulta.
No fue sino hasta comienzos de la década de 2010 que las investigaciones sobre el bienestar de las infancias comenzaron a enfocarse en las propias vivencias de las niñas y los niños, a través de consultas de bienestar subjetivo, particularmente en países europeos, para comenzar a comprender las verdaderas necesidades de las infancias desde su propia perspectiva.3
En México, y América Latina en general, las investigaciones desde la perspectiva del bienestar subjetivo en las infancias y adolescencias son prácticamente inexistentes. Si bien en el país el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha comenzado a realizar ejercicios de levantamiento de información desde esa perspectiva, a través de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado,4 las preguntas no están dirigidas a la población infantil ni adolescente, sino que su enfoque está más orientado a los niveles de satisfacción de las personas adultas.
En contraste, mientras que las experiencias europeas se han centrado en el bienestar de las niñas, los niños y las y los adolescentes, en México ha destacado la vertiente del enfoque de derechos para atender las necesidades de las infancias y adolescencias mexicanas, empleando la información pública disponible a través de censos poblacionales, encuestas especiales y demás fuentes de datos que, en su gran mayoría, tiene a disposición el INEGI. Si bien este ejercicio, iniciado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en 2005 con la publicación de su primer reporte de indicadores La Infancia Cuenta,5 ha sido pionero en el uso de datos para posicionar mucha de la política pública sobre infancia, en la actualidad se encuentra limitado a los indicadores típicos de pobreza y desigualdad planteados desde los reportes de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).6
Por este motivo, la presente investigación analiza los datos de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha levantado trianualmente por más de 20 años,7 con información recopilada directamente de las niñas, los niños y las y los adolescentes, observando que no se cuenta con censos estandarizados debido al cambio en las variables que se emplean, por lo que se advierte la necesidad de que se homologuen y se trabajen desde un enfoque más centrado en la percepción de sus derechos.
II. Breve marco conceptual para hablar de datos y derechos de la infancia y adolescencia
La democracia contemporánea se concibe no sólo como un sistema de representación política, sino también como un entramado de prácticas participativas que buscan incluir a diversos sectores de la sociedad. En este sentido, la participación de niñas, niños y adolescentes ha cobrado relevancia en las últimas décadas, pues se reconoce que la ciudadanía no se limita a la edad adulta, sino que se construye desde etapas tempranas de la vida. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 12 el derecho de las infancias a expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afectan, lo que ha impulsado la creación de mecanismos institucionales para escuchar sus voces. En el ámbito académico, autores como Roger Hart8 han propuesto modelos como la escalera de la participación, que permiten analizar los niveles de involucramiento infantil en procesos sociales y políticos, subrayando que la participación genuina requiere espacios diseñados para res-petar sus capacidades cognitivas y emocionales.
En México, el INE ha desarrollado desde finales de los años noventa la Consulta Infantil y Juvenil, un ejercicio periódico que busca conocer las percepciones, preocupaciones y propuestas de la población joven respecto de temas sociales, culturales y políticos. Estas consultas se han consolidado como una práctica de educación cívica y formación democrática, más que como instrumentos vinculantes de política pública. Su valor radica en que permiten visibilizar las opiniones de un sector históricamente marginado de los procesos de decisión, y al mismo tiempo generan conciencia en la sociedad sobre la importancia de incluir a las infancias y adolescencias en el debate público. Sin embargo, un reto constante ha sido la homologación entre los distintos levantamientos, lo que dificulta la comparación longitudinal de resultados y limita la posibilidad de construir narrativas coherentes sobre la evolución de las percepciones de las infancias y adolescencias en el país.
Adicionalmente, la investigación con población infantil y juvenil plantea desafíos metodológicos particulares. A diferencia de los estudios de opinión en personas adultas, los instrumentos deben adaptarse a las capacidades cognitivas y comunicativas de las y los participantes. En tal sentido, las aportaciones de Jean Piaget sobre las etapas del desarrollo cognitivo y de Lev Vygotsky sobre la importancia del contexto sociocultural resultan fundamentales para diseñar cuestionarios y dinámicas que sean comprensibles y significativos para niñas, niños y adolescentes. Además, se requiere un enfoque que combine rigor técnico con estrategias lúdicas y accesibles, de modo que las y los participantes puedan expresar sus opiniones sin sentirse intimidados por el formato de la consulta. Esta tensión entre lo técnico y lo divulgativo es central en el análisis de las consultas del INE, pues la institución ha buscado equilibrar la validez estadística con la necesidad de generar un ambiente amigable para la infancia y adolescencia.
La estandarización metodológica se presenta, entonces, como una necesidad para garantizar la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo. Conceptos como fiabilidad, validez y representatividad son esenciales en este proceso, ya que permiten asegurar que los resultados reflejen de manera consistente las percepciones juveniles. Al no contar con una metodología común, cada consulta se convierte en un ejercicio aislado, sin capacidad de dialogar con las anteriores ni de mostrar tendencias históricas. La homologación, por lo tanto, no sólo responde a exigencias técnicas, sino también a la necesidad de construir un relato coherente sobre cómo han cambiado las preocupaciones y aspiraciones de la niñez y adolescencia mexicanas en las últimas décadas. En tal sentido, el elemento de homologación radica en un proceso de estandarización de variables que permitan evaluar los elementos comunes entre las distintas consultas.
Finalmente, es importante destacar la necesidad de la divulgación del conocimiento en este tipo de ejercicios. El presente documento no pretende ser una simplificación excesiva del titánico trabajo del INE para recolectar las voces infantiles y de adolescentes de las últimas dos décadas, sino una traducción cultural del conocimiento que lo hace accesible a públicos más amplios. Autores como Sarah R. Davies y otros9 han señalado que la divulgación es un proceso de mediación entre la comunidad científica y la sociedad en el que se busca que los datos y hallazgos se conviertan en narrativas significativas. En el caso de las consultas infantiles y juveniles, la divulgación cumple una doble función: por un lado, permite que la sociedad adulta comprenda y valore las opiniones de la niñez; y por otro, facilita que los propios participantes reconozcan la importancia de su voz en la construcción democrática. Así, el presente artículo busca señalar la necesidad de que se conecte el proceso analítico de la sistematización de datos con la apropiación ciudadana, fortaleciendo la legitimidad de los ejercicios participativos.
En síntesis, el marco teórico de las consultas infantiles y juveniles del INE se sostiene en cuatro pilares: la democracia participativa y el reconocimiento de la ciudadanía infantil, la trayectoria histórica de las consultas en México, los retos metodológicos de investigar con población joven y la necesidad de homologar metodologías para garantizar la comparabilidad de los datos. Todo ello se articula con un enfoque de divulgación científica que busca democratizar el conocimiento y fomentar la apropiación social de los resultados. De esta manera, las consultas no sólo se consolidan como ejercicios de educación cívica, sino también como espacios de construcción de memoria colectiva sobre las voces de la niñez y adolescencia mexicanas. En tal sentido, este texto busca hacer evidente la necesidad de homologar las encuestas y sus bases de datos para abonar a los procesos de consulta y su eficacia en la medición del avance en el cumplimiento de los derechos de las infancias y adolescencias. Asimismo, ofrece un estudio del ejercicio de derechos de las personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad a partir de los datos que se pueden comparar.
III. La consulta infantil y juvenil a través de los años
La primera CIJ levantada por el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1997 tiene sustento en el convenio firmado ese mismo año con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),10 que llevaba varios años impulsando la ejecución de proyectos para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, como se había establecido en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual México había firmado y ratificado en 1990.11
La consulta se abrió a la población de 6 a 12 años de edad, con la invitación a adolescentes de 13 a 17 años para participar como guías voluntarios durante la jornada. La boleta, a manera de boleta de lotería, presentaba nueve cuadros con frases que encuadraban derechos desde el juego, el estudio o el no trabajo.
En aquel entonces se reportó la participación de 3 709 704 niñas, niños y adolescentes en todo el país, destacando el derecho a la educación como el más seleccionado, con más de 800 000 respuestas; seguido por los derechos a la vivienda, a la vida libre de violencia y a la familia, rondando los 500 000 votos cada uno.12
Si bien el ejercicio replicaba experiencias previas realizadas en otros países, destacó por ser el primero en contar con una participación tan amplia y con representación en toda la república mexicana. Entonces la CIJ se convirtió en el primer ejercicio de participación en el que niñas, niños y adolescentes podían acudir a dar su opinión sobre temas que las personas adultas consideraban relevantes para las infancias y adolescencias, siendo levantado de forma paralela a las elecciones generales cada tres años, ya sea exactamente durante el día de los comicios o en meses previos o posteriores a éstos.
Ahora, cabe destacar que la CIJ no tiene una estructura o una metodología con base probabilística y el cuestionario aplicado en cada iteración jamás ha coincidido con el anterior; sin embargo, la gran participación que ha tenido por parte de las infancias y adolescencias sugiere que algunos de los resultados podrían ser relevantes para la política pública del país en términos de atención a las infancias y adolescencias.
Para la CIJ 2000 se implementó un cuestionario diferenciado por grupos de edad: uno para niñas y niños de 6 a 9 años, otro para quienes tenían entre 10 y 13 años y un último para el grupo de 14 a 17 años, logrando una participación de 3 996 067. En esta ocasión ya no hubo una pregunta sobre qué derechos eran más importantes, sino que se establecieron distintas preguntas sobre las percepciones y sentires de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas destacó la inclusión de la percepción de maltrato infantil, tanto en la escuela como en la familia, resaltando el grupo de 6 a 9 años con porcentajes de hasta 28 % en el entorno familiar y 32 % en la escuela.13
La estrategia de aplicar encuestas diferenciadas entre los distintos grupos de edad permitió preguntar a las y los adolescentes sobre temas más complejos como la sexualidad, infecciones de transmisión sexual y consumo de drogas; éstos aparecen de forma recurrente en las consultas, aunque nunca con la misma estructura en las preguntas.
La CIJ 2003 tuvo una participación considerablemente menor que las dos primeras, cayendo a 3 095 040. Este ejercicio consideró una metodología similar a la de 2000, pero amplió las preguntas sobre maltrato, incluyendo una opción que sugería la incidencia de abuso sexual, pero con un enunciado ambiguo para no denominarlo tal cual.
En el siguiente gráfico también se puede observar la tendencia de participación por edades, destacando que casi la mitad de la población participante se encontraba en el grupo de 6 a 9 años.
La CIJ 2006 se apartó por completo de las consultas anteriores y tomó un enfoque central en el derecho a la educación a partir del contexto escolar. En lugar de organizarse por rangos de edad, las preguntas se dirigieron de acuerdo con el grado escolar; y en lugar de realizarse durante el periodo electoral, se levantó un par de semanas antes, dentro de los centros escolares. De esta forma, la CIJ 2006 alcanzó una participación de apenas 2 995 104 niñas, niños y adolescentes.14
Hasta ese momento, ésta fue la consulta más desacertada, no sólo por disminuir su participación respecto de los años anteriores, sino también porque, al enfocarse exclusivamente en la población escolar, se excluyó a quienes no asisten a instituciones educativas; además de que ninguna escuela en el estado de Oaxaca participó y las preguntas realizadas en el cuestionario fueron demasiado genéricas, al punto de que no se pudo rescatar algo relevante de ellas.
La CIJ 2009 repetiría la misma estrategia de la anterior, enfocándose nuevamente en el ámbito escolar, lo que redujo la participación aún más, a 2 699 993; y de la misma forma, el formato de las preguntas no permitió destacar aspectos relevantes de este ejercicio.15
2012 sería el último año en que el IFE levantaría la CIJ antes de convertirse en INE; y si bien la consulta volvió a salir de los centros escolares para levantarse en otros espacios públicos, el hecho de no aplicarla durante la jornada electoral siguió impactando en la participación, siendo históricamente la consulta con menor participación, ya que alcanzó apenas 2 256 532 niñas, niños y adolescentes.16
No obstante, al eliminarse las preguntas dedicadas exclusivamente al esquema educativo, la consulta retomó el giro interesante en ellas, destacando primero la inclusión de una pregunta sobre asistencia escolar y estableciendo un paradigma en las interrogantes orientadas hacia el maltrato infantil y el abuso sexual, con cuestionamientos que no daban pie a ambigüedades, pero que fueron planteados con la sensibilidad necesaria para cada grupo de edad.
Con esta estructura de pregunta, las respuestas sobre el maltrato infantil presentaron diferencias considerables entre los distintos grupos de edad, siendo la población de 6 a 9 años la que señaló un porcentaje más alto de maltrato infantil en el hogar, alcanzando 12.5 %; en contraste, la población que más declaró recibir maltrato en la escuela fue la de las y los adolescentes de 13 a 15 años, con 18.3 por ciento.
Igual de relevantes fueron las respuestas sobre abuso sexual, donde la población de 6 a 9 años fue la que presentó los porcentajes más altos, tanto en la escuela como en el hogar, con 9.5 % y 10.9 %, respectivamente.
Estos resultados sugieren cambios en la percepción de la población infantil sobre cuestiones de maltrato y abuso conforme avanzan en la edad; ello también se puede vincular a los estereotipos de género cuando se observa el cambio en la impresión que van teniendo las niñas respecto de los niños.
Sin embargo, quizás lo más interesante de la CIJ 2012 fue que el INE compartió por primera vez la base de datos de los resultados, lo que permitió realizar algunos cruces de información no presentados en el reporte oficial.
Para la CIJ 2015, la pregunta de abuso sexual se removió del cuestionario de la población de 6 a 9 años, pero se mantuvo para el grupo de 10 a 13 años. Además, regresó la participación del grupo de 14 a 17 años, que había sido excluido en las consultas de 2006 y 2009. Así, la participación se incrementó considerablemente respecto de los dos ejercicios previos, alcanzando un total de 2 916 686 niñas, niños y adolescentes.17
La característica más relevante de la CIJ 2015 fue la separación de los distintos conceptos de maltrato, incluyendo violencia física, verbal, emocional y sexual para la población de 10 a 17 años; al respecto, destacó la violencia verbal como la de mayor frecuencia, seguida de la física.
En la CIJ 2018, movida al mes de noviembre de forma posterior a las elecciones, el INE buscó renovar la metodología, no sólo incorporando una estrategia más parecida al proceso de votación, sino incluso en el diseño de la encuesta, de forma que la base de datos que actualmente se puede descargar de la página web contiene un descriptor de datos.18
La CIJ 2018 también se caracterizó por tener una participación histórica de 5 671 384 niñas, niños y adolescentes, y por establecer preguntas sobre el origen étnico, la dinámica familiar e incluso la adición de una opción de género distinta de las categorías binarias típicas de niño y niña, de la cual destaca 1 % de la población que no se suscribió al género hombre o mujer.
Con este ejercicio, el INE dejó un precedente en la existencia de población que desde la infancia y adolescencia no se suscribe a una categoría de género binaria; y si bien no puede establecerse como población trans como tal, sí confirma lo que diversas investigaciones han concluido sobre la identidad de género y las infancias y adolescencias.19
Combinado con la variedad de preguntas en la dinámica social del cuestionario, uno de los resultados más interesantes está en el análisis de la inasistencia escolar, particularmente en el grupo de 14 a 17 años, donde el porcentaje más alto de inasistencia escolar se encontró en la población no binaria, con hasta 6.2 % de inasistencia, muy por encima del promedio general de 0.8 por ciento.
Esta situación destaca la fuerte exclusión social que enfrentan las personas no binarias, particularmente en la adolescencia, lo cual se confirmó nuevamente en el ejercicio de 2021.
La CIJ 2021 tuvo el reto de enfrentarse a la postpandemia, con una población que comenzaba a regresar a las actividades de la nueva normalidad de manera paulatina y una población infantil y adolescente que salía del encierro para incorporarse de nuevo al sistema educativo escolarizado. De esta forma, el INE implementó casillas virtuales para facilitar la participación, logrando un incremento en ella con 6 976 839 niñas, niños y adolescentes.20
Una de las principales novedades fue la incorporación de población de primera infancia, de 3 a 5 años, que por primera vez participó en la consulta mediante una boleta especial diseñada con apoyos gráficos para facilitar que las madres y los padres la respondieran con sus hijas e hijos. Además, el cuestionario incorporó características de afrodescendencia —adicional a la etnia—, la condición de migración y, por supuesto, los temas de violencia y maltrato. Cabe destacar que fue la primera ocasión en que se incorporó una pregunta sobre la condición de residencia, cuyos resultados mostraron que 13 547 niñas, niños y adolescentes declararon vivir en situación de calle, lo que representó 0.8 % de la población participante.
Finalmente, la CIJ 2024 destacó por tener la participación más alta, con 10 703 505,21 es decir que una tercera parte de la población de 3 a 17 años de edad participó en la consulta.22 Si bien algunas características de los cuestionarios anteriores se mantuvieron, como la opción de género no binario o la afrodescendencia, aquellas sobre los derechos fueron reducidas a meros enunciados de los que la población debía elegir alguno, quitando toda posibilidad de rescatar alguna información relevante. Los datos de maltrato infantil y abuso sexual fueron omitidos de la encuesta, lo que representó un retroceso en el levantamiento de información respecto de los tres ejercicios anteriores.
Con todo y la labor realizada en estos últimos años, la CIJ carece de fundamento legal. Si bien el artículo 72 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un parámetro para obligar al Estado a generar mecanismos de participación infantil y adolescente en todos los ámbitos, al no contar con un fundamento legislativo específico, no tiene un presupuesto etiquetado para su ejecución y su aplicación ha dependido totalmente de la disposición de las autoridades en turno para su levantamiento. Asimismo, carece de una estructura y metodología robustas que den continuidad a los ejercicios aplicados anteriormente. Sin embargo, su valor radica en que la información se obtiene directamente de la población infantil y adolescente y algunos de los resultados son vitales para analizar el ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias en México.
IV. La necesidad de homologar las variables de la CIJ
En este apartado se pretende señalar cómo la falta de homologación de las variables para las consultas infantiles y juveniles hace poco efectivos los resultados de tales procesos. Para ello se analizarán las variables de cada encuesta de manera comparada; además, de forma particular se identificarán algunos casos de vulnerabilidad con este estudio cruzado de las consultas. En tal sentido, si bien el portal de datos abiertos del INE contaba con bases para las consultas de 2003, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021 al momento de realizar la presente investigación, el proceso de analizar la homologación de criterios sólo contempla las bases de 2012 a 2024, siendo esta última descargada y construida de forma manual a partir de las tablas disponibles en la página de resultados oficiales de la consulta.
Las variables estandarizadas para este análisis pueden dividirse en dos grupos: las variables sociodemográficas, que comprenden edad, género, localidad y demás características inherentes a la condición física de las personas; y las variables vinculadas al ejercicio de derechos, donde destaca la asistencia escolar como la única presente en todos los años de análisis, como se observa en el cuadro a continuación:
Como se observa en el cuadro 5, existe una diferencia importante entre las variables o temáticas de cada consulta, con una pérdida de información considerable en la última que, si bien mantiene todos los datos sociodemográficos, pierde todas las variables vinculadas a derechos, salvo la de asistencia escolar. Esto tiene que ver con el diseño de la encuesta, que en lugar de dar continuidad a los cuestionarios anteriores, establece un diseño más parecido a los de 2006 y 2009, con una serie de enunciados que, a manera de opción múltiple, sugieren propuestas de atención predeterminadas a problemáticas preestablecidas por personas adultas que decidieron cuales deberían ser las que más preocupan a las niñas, los niños y adolescentes.
Por otro lado, destacan las variables de experiencia de violencia, maltrato y abuso sexual en cuatro de las cinco consultas contempladas en esta investigación; si bien la pregunta no está configurada de la misma forma ni se levanta para todos los grupos de edad, sí es posible construir un indicador que exprese la experiencia de maltrato de niñas, los niños y adolescentes. A continuación se presenta el cuadro 6 como ejemplo de estandarización de resultados con las preguntas vinculadas al maltrato con las que fue posible construir un indicador de experiencia de maltrato:
Como se puede observar, las preguntas están presentes con mayor frecuencia en la población adolescente, y lo mismo ocurre con los casos de violencia en las calles y abuso sexual, donde la pregunta no es tan explicita para la población entre 6 y 10 años, al punto en que en algunos casos no es posible interpretarla como tal.
Finalmente, destacan las consultas de 2018 y 2021 como las que presentan un diseño más amplio de preguntas vinculadas a temas específicos de derechos de la infancia, como el trabajo, las tareas del hogar y los cuidados de otras personas. Asimismo, es posible identificar un indicador de acceso a tecnologías de la información; y mientras que la consulta de 2018 permite notar arreglos familiares a partir de las personas con las que las niñas, los niños y adolescentes viven en su hogar, la de 2021 ayuda a visibilizar a aquellos que viven en albergues o en situación de calle.
Análisis de los resultados de las consultas de manera comparada
El primer análisis es sobre la pérdida de datos cuando se estandariza la información para eliminar los casos perdidos. Específicamente, sólo se consideraron aquellos donde la edad, el género y condición de asistencia escolar estaban presentes en las respuestas de cada niña, niño o adolescente, al ser variables que se encontraron disponibles en todas las consultas analizadas.
El cuadro 7 muestra que la mayor pérdida de datos se dio en la consulta de 2021, donde se perdió 36 % de la muestra total, pero aun así se conservó una población de más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes con información sobre edad, género y asistencia escolar. En contraste, la menor pérdida de datos ocurrió con la consulta de 2024, que conservó 96 % de la muestra.
Al hacer el análisis por género nos encontramos con la primera discrepancia importante de la consulta respecto de la experiencia estadística de los datos formales del INEGI, y es la sobrerrepresentación de la población de niñas en las consultas pues, como se observa en el cuadro 8, en todos los años de la CIJ la proporción de niñas y adolescentes es mayor que la de niños y hombres adolescentes, en algunos casos superando hasta en casi 10 puntos porcentuales la participación de éstos.
Sin embargo, lejos de ser un criterio para desechar por completo los resultados, es una oportunidad para analizar el porqué de esta situación. Si consideramos el contexto del levantamiento de las consultas, donde las casillas son instaladas en espacios públicos, son las madres y los padres quienes deben llevar a sus hijas e hijos, particularmente los más jóvenes, para participar en la consulta.
En tal sentido, es interesante observar una mayor presencia de las niñas y las adolescentes en estos ejercicios de participación ciudadana, lo que bien podría ser un reflejo del contexto actual donde los feminismos han logrado que las mujeres se involucren de forma más activa en los movimientos políticos, mientras que los hombres han quedado rezagados en esta concientización social, lo que los ha vuelto cada vez más susceptibles y vulnerables ante personajes influencers que los radicalizan a través de la promoción de estereotipos obsoletos de la masculinidad con tendencias hacia el individualismo y la competencia constante entre pares.23
Lo anterior puede resultar acertado cuando se revisan los datos de la población mayor de 15 años de edad, donde la participación de las mujeres se posiciona con mayor distancia respecto de la de los hombres.
Por otro lado, la inclusión de la opción de no adscripción a ningún género es quizás uno de los resultados más interesantes de la consulta, pues coincide con lo que personas activistas e investigadoras de temas vinculados a la población de la diversidad sexual vienen señalando desde hace tiempo sobre cómo la construcción de la identidad de género empieza desde la infancia y cómo, desde muy pequeñas, algunas infancias no se identifican con el género que se les asigna al nacer.
El hallazgo más interesante se observa en cómo, con la edad, la construcción del género comienza a definirse al punto en que, para cuando la población llega a la adolescencia, es más claro que no se suscriben al género que se les asignó al nacer.
Para cerrar con los resultados generales comparables entre todas las consultas, tenemos la condición de asistencia escolar, que permite identificar a la población que no ejerce su derecho a la educación, uno de los más importantes incluso en la opinión de niñas, niños y adolescentes.
El cuadro 10 muestra la tendencia de inasistencia escolar posterior a la pandemia, que posicionaba principalmente a las niñas, los niños y adolescentes del grupo de 10 a 13 años como el que más respondió que no asistía a la escuela o tomaba clases en línea. También refleja cómo la recuperación postpandemia ha sido lenta, pues los niveles de inasistencia escolar siguen superando por mucho los niveles previos.
Sin embargo, para hacer una verdadera comparación entre las consultas es necesario contrastar a la población que se encuentra presente en todos los ejercicios de participación, que en este caso es el grupo de 6 a 15 años. Así, en el cuadro 11 se observa de manera más clara la tendencia a la baja de la inasistencia escolar a nivel de educación básica, que ocurrió por completo durante la pandemia y ha dado como resultado que la asistencia escolar aún no se haya recuperado por completo.
Evaluando la vulnerabilidad de las infancias y adolescencias con la CIJ
Si uno analiza las diferentes conceptualizaciones y definiciones de la niñez y la adolescencia, no es difícil deducir que las infancias son consideradas como una población en situación de vulnerabilidad debido, principalmente, a sus características como personas en desarrollo que van adquiriendo habilidades para integrarse de forma más activa a la sociedad y construir una autonomía que les proporcione cierto grado de independencia, de forma que, durante los primeros años de vida, requieren de otras personas para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación vuelve a las infancias y adolescencias una población vulnerable entre las vulnerables.
Pero la vulnerabilidad ha sido un concepto redefinido y recodificado en cada época de la historia de la humanidad, y las diferentes investigaciones sociales que se han dedicado a analizar tal condición han establecido ciertas características de la población que pueden interpretarse como la limitación de acceso a derechos, particularmente cuando el Estado no cuenta con las políticas públicas necesarias para garantizarlos.
Desde esta perspectiva, la población infantil y adolescente puede ser catalogada como un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la condición de dependencia que tiene, particularmente de sus familias, quienes fungen como los principales proveedores y garantes de sus derechos. No obstante, existen otras características individuales y contextuales que incrementan el riesgo de discriminación y vulnerabilidad social.
Los grupos en situación de vulnerabilidad considerados en este artículo y que se analizan en la presente sección han sido definidos por las siguientes características sociodemográficas: la población no binaria a partir del género, la etnia a través de la adscripción indígena, la identidad sociocultural y étnica a partir de la afrodescendencia y la discapacidad. Dichas características serán evaluadas por edad para los años de la consulta en que se encuentran disponibles y serán comparadas en dos dimensiones de acceso a derechos: el acceso a la educación a partir de la asistencia escolar y el derecho a una vida libre de violencia a partir de los indicadores de abuso y maltrato.
POBLACIÓN INDÍGENA
La identificación de población indígena en la CIJ es bastante reciente: sólo los últimos tres periodos de levantamiento incluyeron las preguntas de habla de lengua indígena y autoadscripción para identificar a las niñas, los niños y adolescentes, y el único indicador presente en los tres periodos de la consulta fue el de asistencia escolar.
De acuerdo con los resultados del censo de 2020 del INEGI, la población indígena por autoadscripción equivale aproximadamente a 19.4 % de la población total del país;24 sin embargo, cuando se revisa específicamente a la población menor de 18 años de edad, la proporción es de apenas 5.3 %, es decir que el reconocimiento de pertenencia a una población indígena crece conforme se avanza en la edad.
Las CIJ 2018 y 2021 muestran proporciones similares, con una representación de 5.8 % y 5.5 %, respectivamente, de niñas, niños y adolescentes participantes que se identificaron como indígenas, tal como se observa en el cuadro 12. En la consulta de 2024 la proporción cayó a 3 %. Esta situación puede deberse a dos motivos: el primero y el más probable es la falta de acceso a internet que caracteriza a la población que habita en zonas rurales y que, en su mayoría, suele ser población indígena. Esta posibilidad se vuelve más real si se considera que al menos 41 % de las boletas fue llenado en línea, fuera de las casillas de consulta. La segunda posibilidad es que, en efecto, haya habido una reducción de la población indígena desde la autopercepción, pero ese dato sólo podrá corroborarse una vez que el INEGI levante y dé a conocer los resultados de la Encuesta Intercensal 2025.
En cuanto a la inasistencia escolar, el cuadro 13 muestra el porcentaje de la población que declaró no asistir a la escuela, comparando a la población indígena con la no indígena. Históricamente, las comunidades indígenas han presentado una mayor proporción de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela, una brecha que se amplía con la edad, principalmente por la falta de acceso a escuelas de nivel medio superior en zonas rurales.
Esa tendencia se comprueba en la CIJ 2018,25 donde la inasistencia escolar de la población no indígena fue de 0.5 %, mientras que la de la población indígena fue cuatro veces mayor, con 2.1 por ciento. No obstante, destacan los resultados de la CIJ 2021,26 donde la proporción de inasistencia de la población no indígena superó a la población indígena, con 6.5 % y 5.1 % respectivamente. Esta situación puede reflejar el contexto de lenta recuperación de la pandemia, que demoró un poco más en las regiones urbanas respecto de las rurales.
En la consulta de 2024 se observó cómo la asistencia escolar luego de la pandemia no se había recuperado por completo, con 2.3 % de inasistencia en la población no indígena y 5.5 % en la población indígena. Lo que destaca de los resultados es que el porcentaje de asistencia escolar de la población indígena pareciera registrar un gran retroceso, no sólo al mostrar una proporción más grande de inasistencia respecto del periodo anterior, sino también porque la población en educación preescolar presenta un alto porcentaje de inasistencia que no es congruente con la tendencia de los resultados previos.
Sin embargo, la discrepancia de los datos en la CIJ 2024 puede seguir teniendo su causa en la metodología del levantamiento, con un alto porcentaje de cuestionarios respondidos en línea.
Finalmente, en el contexto de maltrato y abuso sexual, los datos sólo pueden ser evaluados a nivel global por grupos específicos de edad, pues la disponibilidad cambia para cada consulta. En el caso del maltrato, los datos sólo se pueden comparar en el grupo de 10 a 17 años, pero el contraste entre la población indígena y no indígena es definitivo: mientras que en 2018 se observó que 11.4 % de la población no indígena declaró haber recibido maltrato físico, en la población indígena este porcentaje se elevó a 21 %, es decir, casi el doble; mientras que en 2021, si bien ambos grupos presentaron un incremento sustantivo en la declaración de maltrato, muy probablemente derivado del contexto de encierro de la pandemia,27 la diferencia entre ambos grupos fue aún mayor, con una proporción de 28.9 % en la población no indígena y 67.7 % en la población indígena.
Por su parte, el abuso sexual también refleja un incremento importante entre las consultas, pasando de 1.4 % a 14.7 % para la población no indígena, y de 4.1 % a 14.1 % en la población indígena; en ambos casos, dicho incremento también puede atribuirse al encierro de la pandemia. La menor diferencia entre la declaración de los grupos, particularmente en la consulta de 2021, resulta más difícil de interpretar cuando no existe un tercer año de referencia para verificar si esto es casualidad o lleva alguna tendencia estadística.
Aunque los datos de la CIJ en estos temas no parecen ser muy consistentes, los resultados sí reflejan una realidad que ya se venía observando desde otras fuentes respecto del grado adicional de vulnerabilidad que viven las infancias y adolescencias indígenas, sólo que esta vez recogida de las voces de las propias infancias.
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
El levantamiento de información sobre la población con discapacidad también comenzó a partir de la consulta de 2018, con la inclusión de una pregunta que identifica el uso de accesorios de apoyo como muletas o silla de ruedas para la movilidad, lentes para la vista, algún dispositivo auditivo para escuchar o el uso de lengua de señas mexicana para comunicarse. En tal sentido, la discapacidad en la CIJ no contempló a la población con alguna limitación cognitiva o mental.
En las consultas de 2021 y 2024, la pregunta sobre discapacidad se realizó directamente sobre el impedimento de ver, oír, hablar o caminar, o de requerir de alguna asistencia especial para ciertas actividades cotidianas. Esta diferencia en la forma de preguntar se refleja claramente en los resultados de la población, pues en 2018, la población que dijo usar algún elemento de apoyo fue de 20.2 %, muy superior a lo estimado por el INEGI en 2020, donde sólo 2.5 % de la población menor de 18 años de edad señaló vivir con alguna discapacidad.
En 2021, con el ajuste de la pregunta, la proporción de niñas, niños y adolescentes que declararon tener alguna discapacidad se posicionó más cercana al resultado del INEGI, con 3.1 %; pero en 2024 se incrementó más del doble, con una proporción de 7.7 por ciento. Esta diferencia puede deberse al ligero cambio en la pregunta, donde además de aclarar que la discapacidad se refiere a no puedes se incluye la expresión "o tienes alguna dificultad".
En términos de rigurosidad estadística, esta falta de consistencia en la forma de levantar la información, que además se ve claramente reflejada en la variación de los resultados, es argumento suficiente para desestimar por completo a la población con discapacidad como un grupo de análisis en la CIJ. Sin embargo, desde el enfoque de derechos, la población infantil y adolescente con discapacidad es un grupo con particular vulnerabilidad debido al estigma social y la falta de adecuaciones apropiadas en la infraestructura general de las ciudades, así como la falta de capacitación para personas educadoras y quienes atienden o apoyan directamente a la población infantil y adolescente en la cotidianeidad.
En el caso de la asistencia escolar, resulta particularmente relevante identificar a la población con discapacidad pues, salvo por el contexto postpandemia, en la consulta de 2021 claramente se observa un mayor grado de inasistencia respecto de la población sin discapacidad.
En el cuadro 16 se puede observar cómo en 2018 la inasistencia de la población con discapacidad era el doble de la de la población sin discapacidad, con 1 %. En 2024, a pesar del rezago derivado de la deserción por la pandemia, la relación se mantenía en poco más del doble, con 4.8 % frente a 2.2 % de la población sin discapacidad.
Este rezago educativo es coincidente con los datos del INEGI sobre la población con discapacidad menor de 18 años de edad, que también muestra mayores grados de inasistencia escolar que la población sin discapacidad, aunque con menor gravedad que otros grupos como la población indígena o, como se verá más adelante, la población que no se suscribe a ningún género.
Finalmente, en relación con el maltrato físico y el abuso sexual, en el cuadro 17 se evidencia que la población con discapacidad muestra un mayor grado de violencia física respecto de la población sin discapacidad, situación que empeoró drásticamente tras la pandemia, al pasar de 15.3 % en 2018 a 57.9 % en 2021, ambos casos superiores a lo señalado por la población sin discapacidad, destacando el dato de 2021 donde lo superaba por más del doble.
En tanto, la respuesta sobre abuso sexual en 2018 fue mayor en la población con discapacidad, con 2.5 % respecto de 1.3 % que no reportó alguna discapacidad, pero en 2021 fue menor que en la población sin discapacidad, con 12.9 % frente a 14.7 por ciento.
Los resultados nuevamente confirman que la pandemia resultó ser un evento que puso en riesgo a la población infantil y adolescente y tuvo un efecto de mayor impacto en la población más vulnerable. Infortunadamente, la pérdida de la pregunta para dar continuidad en la consulta de 2024 deja pendiente valorar si hubo alguna recuperación en las proporciones después de la pandemia.
A pesar de la inconsistencia sobre el levantamiento de la información, mencionada al principio de esta sección, los datos analizados muestran consistencia con otras experiencias estadísticas que han levantado información sobre la población con discapacidad, particularmente en el caso de la inasistencia escolar, donde la población con discapacidad siempre presenta mayores grados de rezago educativo respecto de la población sin discapacidad.28
POBLACIÓN NO BINARIA
La información sobre la población no binaria, es decir aquella que no se suscribe como hombre o mujer, es muy reciente. En el caso del INEGI, fue hasta 2021 que se levantó la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género en la que se observó que, en México, 1 % de la población de 15 años de edad y más no se identificaba con el sexo asignado al nacer. Si bien este dato representaba tanto a la población trans como a la no binaria, el paradigma de contabilizar a esta población históricamente vulnerada desde la exclusión inició con el INE, quien ya había recopilado esta información sobre la población de 5 a 17 años en la CIJ 2018, con un porcentaje también de 1 % de la población infantil que no se suscribía con algún género binario.
En 2021 la proporción fue de 1.1 %, y en 2024 el porcentaje aumentó a 1.4 %, con un total de 139 055 personas. La relevancia de los resultados de la CIJ no sólo radica en haber sido la primera instancia en levantar información sobre población no binaria, incluso antes que el INEGI, sino también en que la cantidad de personas participantes superó por mucho la muestra del INEGI, que fue de 2 362 personas.29
Pero quizás el resultado más interesante que la CIJ puede presentar sobre la población no binaria es respecto del rezago educativo a partir de la exclusión escolar, a través de la población que no asiste a la escuela. En tal sentido, mientras que en 2018 la población general de niñas, niños y adolescentes presentó una proporción de inasistencia de sólo 0.5 %, la población no binaria alcanzaba 5.6 por ciento.
En 2021, la inasistencia escolar se incrementó en todos los grupos de población y también mostró un porcentaje más alto en la población no binaria, con 10.7 % frente a 6.4 % de las niñas y los niños; mientras que en 2024 la recuperación del regreso a las aulas después de la pandemia se observó más lenta en la población no binaria, con 8.7 % de inasistencia respecto de 2.3 % de niñas y niños.
El cuadro 19 también muestra el salto de deserción escolar que se presenta en la población no binaria hacia los 10 años, particularmente en las consultas de 2018 y 2021. En contraste, la dinámica postpandemia que se observa con los resultados de 2024 muestra cómo la mayor prevalencia de inasistencia escolar para la población no binaria se mantiene en el nivel de educación primaria.
Actualmente, no es posible hacer una interpretación precisa sobre el porqué de las infancias y adolescencias no binarias que continuaron sin ir a la escuela después de la pandemia. Si bien el incremento paulatino de la identificación de la población no binaria se puede atribuir al aumento en la noción de la existencia de esta población a partir de las redes sociales, la inasistencia escolar puede representar, por un lado, un rechazo que también ha crecido sobre esta población o, por otro, algún error durante el levantamiento de la información de la última consulta.
Finalmente, en el apartado de maltrato y abuso sexual, los datos de la CIJ también muestran que la prevalencia de ambos problemas se mantiene con mayor impacto sobre la población no binaria en comparación con niñas y niños, destacando los resultados de 2018, donde la diferencia entre grupos es mucho mayor.
El interés del presente artículo jamás ha estado en señalar a la población no binaria como el grupo más vulnerable entre los vulnerables, pero los resultados de la CIJ sí reflejan una realidad que les posiciona como un grupo que requiere de atención urgente y protección reforzada para mitigar el rezago social que se observa en el análisis.
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
La población afromexicana o afrodescendiente ha sido el grupo poblacional de más reciente inclusión en las encuestas generales, siendo la Encuesta Intercensal de 2015 donde el INEGI incorporó por primera vez una pregunta al respecto, que mostró que 1.6 % de la población se identificaba como tal, y 1.5 % de la población menor de 18 años de edad.30
En el caso de la CIJ, sólo los dos últimos ejercicios de consulta identificaron a este grupo poblacional. En la CIJ 2021 se incorporó la pregunta de autoadscripción a partir de los 10 años, reflejando una proporción de 1.2 %; mientras que en 2024 se incrementó a 4.9 %, con la incorporación de la pregunta en todos los grupos de edad. De momento, la información disponible no permite establecer una razón clara del incremento tan amplio de esta población de una consulta a otra.
En cuanto al rezago escolar, los resultados de la CIJ muestran que la población afrodescendiente sí presenta mayores proporciones de inasistencia escolar, siendo de las poblaciones más afectadas durante la pandemia, ya que en 2021 la inasistencia alcanzó 14.2 % en relación con 4.8 % de la población no afro. En 2024, se observó un decremento en la inasistencia a 5.9 % en la población afro, pero que permanece muy por encima de la no afro.
En cuanto a los temas de maltrato y abuso sexual, los datos que sólo están disponibles de 2021 presentan demasiadas irregularidades al respecto, siendo la principal que no se observa ningún caso de maltrato en la población afrodescendiente. Por su parte, el porcentaje de la población que declaró sufrir abuso sexual fue de 20 %, el doble de la población no afro, con 10 por ciento.
La poca información estadística histórica que existe sobre este grupo de población dificulta realizar interpretaciones sobre las posibles causas de los presentes resultados, por lo que habrá que esperar a futuras consultas o encuestas del INEGI que arrojen más resultados sobre la dinámica poblacional de la afrodescendencia.
V. Conclusiones
La Consulta Infantil y Juvenil a cargo el INE dista mucho de ser un instrumento estadístico de calidad; sin embargo, lo que se ha explorado en el presente artículo demuestra que es posible hacer un análisis estadístico razonable que puede ser de forma más rigurosa si se consideran solamente las consultas de 2018 y 2021, que son las que cuentan con un diseño más parecido entre sí y con suficiente información para generar una muestra representativa de la república mexicana y posiblemente a nivel de cada entidad federativa.
El ejercicio presentado en este documento muestra la riqueza de obtener información directamente de la población infantil y adolescente, en particular cuando se logra levantar sobre una muestra tan amplia de más de cinco millones que, en caso de las infancias y adolescencias, representa a cerca de una quinta parte de la población mexicana.
En general, las inconsistencias de la consulta radican en la forma en que se formularon las preguntas de cada cuestionario, por lo que es fundamental establecer un criterio de estandarización que permita hacer la comparación no sólo entre los diferentes años, sino también entre los distintos grupos de edad, y que esto se vea reflejado en las grandes variaciones de proporciones, particularmente en el grupo de 10 a 14 años, donde los porcentajes de inasistencia escolar en la CIJ 2021 son ampliamente mayores que en el resto de la población. Si bien existen otros elementos de análisis que son necesarios para reforzar la consistencia estadística de los resultados, el ejercicio actual sirve para dar a conocer el potencial de las consultas para evaluar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Un elemento destacable son los resultados de la asistencia escolar, el único indicador presente en todos los años de la consulta y cuya dinámica es consistente con lo que se conoce de otras fuentes estadísticas, particularmente de los censos y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI, donde los porcentajes de asistencia escolar desde 2010 se han mantenido por arriba o cercanos a 95 %, con un efecto de disminución breve a partir de la pandemia.31 Esto abre una pauta para considerar la pertinencia de los resultados en el resto de las variables.
Pero lo más relevante de este ejercicio es rescatar las voces de las infancias, que pocas veces tienen el nivel de representatividad que tiene la consulta. Si bien es necesario realizar toda la batería de pruebas de consistencia y bondad estadística para decir de forma contundente que los resultados de la CIJ pueden ser representativos de la realidad de las infancias en el país, esta muestra exploratoria de los datos sugiere que es posible evaluar el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes al obtener la información de sus propias voces.
Con más de 20 años de experiencia levantando la CIJ, sería conveniente que el INE y el INEGI comenzaran a trabajar de manera vinculada para futuras consultas, e incluso pensar en incorporar la consulta en un marco legislativo específico, por ejemplo, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030,32 que actualmente no contempla la participación del INE en el marco de garantía de derechos de la infancia. Ello podría colocar a México a la vanguardia de la recolección de datos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes directamente de éstas y éstos.
*Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Ciencias de la Complejidad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y candidato a doctor en Estudios de Población por El Colegio de México. Actualmente es profesor de asignatura de las materias de Estadística; Población, Región y Medio Ambiente; y Demografía Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Se ha dedicado al análisis estadístico de los derechos de la infancia en México, con enfoque en el trabajo infantil y la pobreza multidimensional. La opinión expresada en este texto es responsabilidad exclusiva de la persona autora, por lo que no refleja necesariamente la postura de las instituciones en las que colabora ni de la institución editora. VI. Referencias
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Citas
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia (México: SCJN, 2021), https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-02/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20Infancia%20y%20Adolescencia.pdf (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
2 La imposición del cabello corto en los niños o el uso de falda en las niñas durante la asistencia escolar es una regla basada en estereotipos de género y promovida desde el sistema educativo que aún permea fuertemente en la sociedad, a pesar de no estar señalada en ninguna legislación y de existir un comunicado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación donde señala que ello es una violación de derechos; véase Secretaría de Gobernación, “Derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad deben ser respetados en escuelas: Conapred”, 19 de agosto de 2022, https://www.gob.mx/segob/prensa/derechos-a-la-educacion-y-al-libre-desarrollo-de-la-personalidad-deben-ser-respetados-en-escuelas-conapred?tab (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
3 Jonathan Bradshaw et al., “Children’s subjective well-being: International comparative perspectives”, Children and Youth Services Review, vol. 33, núm. 4 (abril de 2011): 548-556.
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021”, https://www.inegi.org.mx/programas/enbiare/2021/ (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
5 Red por los Derechos de la Infancia en México, “La Infancia Cuenta”, https://infanciacuenta.org/ (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
6 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Medición de la pobreza. Pobreza en México. Resultados de pobreza en México 2022 a nivel nacional y por entidades federativas”, https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
7 Instituto Nacional Electoral, “Consulta Infantil y Juvenil”, https://www.ine.mx/cultura-civica/consulta-infantil-juvenil/ (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
8 Roger Hart, La escalera de la participación (Unicef, 1992).
9 Sarah R. Davies et al., “Historias científicas como cultura: experiencia, identidad, narrativa y emoción en la comunicación pública de la ciencia”, Príncipe de Viana, año 84, núm. 285 (enero-abril de 2023): 79-98.
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14 Instituto Federal Electoral, Ejercicio Infantil y Juvenil 2006. Nuestra elección es participar por la escuela que queremos (México: IFE, 2006),https://ine.mx/wp-content/uploads/2018/11/2006-Consulta-infantil_Resultados_EjInf06.pdf (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
15 Instituto Federal Electoral, Ejercicio Infantil y Juvenil 2009. Informe final de resultados (México: IFE, 2009), https://ine.mx/wp-content/uploads/2018/11/CIyJ09_Inform_Fin2009.pdf (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
16 Instituto Federal Electoral, Resultados nacionales de la Consulta Infantil y Juvenil 2012. Informe ejecutivo (México: IFE, 2012), https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/consultaInfantilJuvenil2012/Informe_ejecutivo_consulta2012.pdf (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
17 Instituto Nacional Electoral, “Consulta infantil y juvenil 2015”, https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/ (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
18 Instituto Nacional Electoral, “Datos abiertos. Base de datos de los Resultados Consulta Infantil y Juvenil 2013-2018”, https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/archivo/base-datos-los-resultados-consulta-infantil-juvenil (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
19 Marta Lamas (1994), por ejemplo, establece que “Desde la infancia vamos percibiendo las representaciones de ‘lo femenino’ y ‘lo masculino’ mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura”. Tania Rocha (2009) señala cómo los factores sociales, culturales y psicológicos tienen efecto sobre la construcción de la identidad que, si bien se manifiestan de forma más recurrente hacia la adolescencia, es durante la infancia que la convivencia con el entorno repercute en la formación de roles. En ejercicios más recientes, Isaac Ravetllat (2017) destaca el cambio de paradigma para “dejar de entender la experiencia de las niñas, niños y adolescentes trans como una patología, como un desorden identitario o un problema, y pasar a considerarlo como un conjunto de construcciones y elecciones de carácter personalísimo”.
20 Instituto Nacional Electoral, Las voces de las infancias y juventudes. Análisis especializado de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (México: INE, 2021), 8, https://ine.mx/wp-content/uploads/2023/11/las-voces-de-las-infancias-y-juventudes.pdf (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
21 Instituto Nacional Electoral, Consulta Infantil y Juvenil 2024. Reporte de resultados (México: INE, 2025), 23, https://resultados-cij2024.ine.mx/2dc75f88-2519-47c5-8629-bb43a6be529a (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
22 De acuerdo con el comunicado de prensa del INEGI emitido con motivo del Día del Niño 2025, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica estimó que en México hay 36 199 642 niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años. Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día de la Niña y el Niño (30 de abril)” (Aguascalientes: INEGI, 28 de abril de 2025), Comunicado de prensa 55/25, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_nino25.pdf (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
23 El concepto de machósfera (o manosfera) ha sido empleado en años recientes para referirse a las comunidades y espacios en línea que promueven ideologías misóginas y antifeministas, difunden discursos de odio y atacan a mujeres y niñas como resultado del poco o nulo involucramiento de los hombres en los procesos de concientización social impulsados desde los feminismos y los estudios de género. véase Noelia Igareda González, “El derecho a la igualdad versus la libertad de expresión en la manosfera”, Derecho y género, núm. 1 (2024): 56-79.
24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Cuéntame de México. La población indígena en México”, https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/pueblos_indigenas/ (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
25 Resultados con base en el análisis estadístico de la base de datos de la CIJ 2018.
26 Resultados con base en el análisis estadístico de la base de datos de la CIJ 2021.
27 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2020), https://www.gob.mx/sre/documentos/acuerdo-por-el-que-se-declara-como-emergencia-sanitaria-por-causa-de-fuerza-mayor-a-la-epidemia-de-covid-19?state=published (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
28 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Pobreza Multidimensional (PM)”, https://www.inegi.org.mx/desarro llosocial/pm/ (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. Tabulados”, https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/#tabulados (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
30 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Intercensal (EIC) 2015. Tabulados”, https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#tabulados (Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2025).
31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Cuéntame de México. Asistencia escolar”, https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/asistencia_escolar/ (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025).
32 Secretaría de Gobernación, Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1062005/04_PRONAPINNA_ACUERDO_1.pdf (Fecha de consulta: 13 de abril de 2026).




























